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| Ricardo Homs |
Hoy que la violencia no tiene control, pese a lo que digan las autoridades para minimizar el problema, se corre el riesgo de que en algunas regiones de nuestro país alguien este pretendiendo tomar la solución fácil que siempre ha estado presente en esta cultura política pragmática y funcional que se ejerce en México, en la cual están ausentes los mínimos valores éticos: esto es negociar con el crimen organizado.
Lo más grave es que estas negociaciones pudieran suceder a espaldas del gobierno federal en algunos estados y municipios y las realicen autoridades de varios niveles, como ya ha sucedido en algunas partes del país, lo cual es una solución que funciona a muy corto plazo que luego tiene un rebote para ponerse peor.
Por poner un ejemplo vemos que cuando el gobierno federal empezó a negociar con la CNTE, las exigencias de este grupo sindical en lugar de bajar la presión, se obtuvo el efecto contrario: se volvieron aún más agresivas, pues quedaba en evidencia la vulnerabilidad gubernamental.
La solución parece haber llegado cuando con la ley en la mano las autoridades se negaron a seguir negociando con este grupo sindical y aplicaron el reglamento contra los maestros infractores.
Lo mismo puede suceder hoy con la delincuencia organizada. Si las autoridades locales negocian con los cárteles, parecerá que baja la violencia visible, pero ante la vulnerabilidad gubernamental, la reacción de los grupos delincuenciales será tomar el control total y hasta empezar a dar órdenes a los funcionarios públicos que pactaron con ellos. Es simple previsión de la conducta humana.
Cabe destacar que hoy los cárteles tienen una gran sensibilidad para el manejo de la opinión pública y mandan mensajes que se convierten en noticia. No utilizan los mensajes conceptuales, sustentados en declaraciones, como tradicionalmente acostumbran hacer los políticos y funcionarios públicos, al estilo convencional, sino lo que conocemos técnicamente los comunicólogos, como “comunicación semiótica”, o sea comunicar con actos simbólicos públicamente difundidos, como son los actos de crueldad que se convierten en noticia y siempre se acompañan con una cartulina con un mensaje público para alguien.
Los actos con significado y alto impacto público dan mensajes más creíbles y de mayor impacto que las palabras. Los cárteles lo saben.
El tema importante es crear conciencia de que negociar con el crimen organizado significa ante la percepción de ellos el reconocimiento de que se han convertido en un poder fáctico (de hecho, o sea real) y por lo tanto, se le tiene miedo.
Cuando alguien que está al margen de la ley se siente por encima de la autoridad legítima del estado, el gobierno pierde el control sobre la zona donde opera esta persona o grupo y este se convierte en la autoridad real. Impone su propia ley según su criterio, que siempre estará al margen de la legitimidad institucional y del estado de derecho.
Es necesario que el gobierno federal haga un esfuerzo por tener un sistema de inteligencia que mantenga bajo supervisión continua a sobre todas las alcaldías, para identificar el momento en que un alcalde está siendo o extorsionado o comprado por el grupo delincuencial predominante en esa región y poder reaccionar con oportunidad.
Según un estudio de la Asociación Nacional de Alcaldes, (ANAC) realizado este año, 82 alcaldes en funciones, alcaldes electos y exalcaldes han sido asesinados en México durante estos últimos diez años en 18 de los 32 estados del país.
Seguramente esta cifra corresponde a quienes se resistieron a negociar con el crimen organizado y esta información debe estar ejerciendo una fuerte presión psicológica sobre la mayoría de los alcaldes del país, quienes al sentirse desprotegidos y vulnerables cuando empiezan a ser extorsionados, por instinto de supervivencia es posible que se sientan obligados a negociar y ceder posiciones estratégicas a los delincuentes así como garantizarles impunidad.
Ésto no quiere decir que no habrá quienes felices se dejen seducir por una oferta económica motivadora, o la posibilidad como lo fue el caso del conocido ex alcalde de Iguala José Luís Abarca, hoy en prisión, quien ganó la presidencia municipal con el apoyo del crimen organizado.
Debemos partir de la base de que si no se protege a los alcaldes, se les deja a merced de las presiones y chantajes de los delincuentes y entonces el Estado Mexicano pierde autoridad moral para juzgarlos si se someten al crimen organizado para salvar su vida y la de su familia.
Esto es tan grave, que un alcalde sometido a estos grupos, representa que un municipio y su población estén a merced de sus opresores.
Hoy que existe la tecnología de punta y los recursos económicos para comprarla, no instrumentar un sistema de inteligencia para tener una supervisión continua sobre los alcaldes es un crimen que comete el gobierno federal al mantener desamparados a los ediles y a los funcionarios municipales de seguridad pública. Lo mismo debe suceder con algunos funcionarios del área de justicia y jueces de los gobiernos estatales.
Debe tomarse muy en serio que la seguridad pública es el riesgo más importante al que está sometido nuestro país y que porque hoy no haya crisis de seguridad en la mayoría de los estados del país, no elimina el riesgo de que llegue a suceder en el futuro.
Fortalecer los servicios de inteligencia es fundamental y una prioridad para mantener la estabilidad social en México.
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