Ambulantaje constitucional

Oscar-Hernandez
Óscar Hernández

Desde hace 20 años José se dedica a la venta de telas. Paga impuestos, sueldo a empleados y alquiler de un local en el centro histórico; lo tiene claro: “si la nueva constitución de la Ciudad de México reconoce al comercio informal, nos salimos a la calle y dejamos de cumplir nuestras obligaciones fiscales”.
Este hombre, como decenas de comerciantes formalmente establecidos, temen las propuestas de algunos constituyentes, quienes plantean la posibilidad de que los comerciantes informales tengan derecho a ocupar legalmente los espacios públicos, así como a seguridad social, como lo establece el anteproyecto constitucional de la capital mexicana. “Con esto no se va a favorecer una buena economía, con esto lo único que estamos favoreciendo es lo ilegal”, sentencia Jorge, otro locatario de Mixcalco.
La propuesta de incluir al comercio informal en la nueva constitución, divide opiniones. Para la constituyente Bertha Luján, es la oportunidad de regular la venta en vía pública y ofrecerle una vida digna a quienes la practican: “Estamos planteando que se incorporen a la seguridad social, a los institutos, al IMSS, ellos aportando una cuota y el gobierno de la ciudad la otra”.
El sector empresarial difiere. De acuerdo con el presidente de la Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla, la propuesta constitucional sólo generaría más impunidad en el sector informal. “No es posible que tú hagas un esfuerzo por cubrir innumerables trámites para poner un restaurante u otro establecimiento y cubrir todas tus obligaciones fiscales y legales, y que de repente encuentres allá afuera que se colocan dos o tres puestos para vender lo mismo que tú vendes”.
Otras cámaras empresariales aseguran que otorgar beneficios legales al comercio informal, provocaría el colapso del comercio establecido. “La preocupación del sector formal es que se generen derechos que no tengan contraparte, que los informales paguen impuestos no les da derecho a privatizar la vía pública”, refiere Padilla.
El debate, sobre la mesa. Se estima que en la Ciudad de México hay más de un millón 200 mil vendedores ambulantes, de ellos sólo 3 mil pagan derecho por usar el espacio público; por ello, dice Luján, diputada promovente, urge regularlos.
Derechos de vía
En la calle Manuel Doblado, zona de Mixcalco, encontramos a Alfonso Gómez, líder y representante de un sector de vendedores en vía pública. Mientras organiza a su gente, señala que “trabajar es un derecho constitucional”, y que preferirían pagar impuestos que dar “cuotas” a inspectores delegacionales corruptos que les venden lugares en la vía pública. “En algunos callejones pagamos mucho dinero; por un metro cuadrado damos de entrada 3 mil 500 pesos, ya sea a los pinches líderes o a gente de la delegación Cuauhtémoc”, dice Javier, vendedor ambulante. “Siempre se ha manejado por medio de dádivas, pasan empleados de la delegación y se les otorga cierta cantidad”, agrega Gómez.
Decenas de informales se aprestan a conocer su nuevo status legal, una vez redactada y aprobada la Carta de la capital mexicana.
Mientras tanto, quienes sí pagan impuestos y tramitan permisos para abrir y operar su negocio, detallan el grave error que se cometería al reconocer constitucionalmente al comercio en vía pública. “Te juro que también nos salimos a la calle”, dice José.
Que los comerciantes paguen impuestos no es una solución, enfatiza Jesús Padilla, también tendrían que generar obligaciones patronales con sus empleados, lo que no está claro en el nuevo proyecto constitucional. Además “nos preocupa a nosotros que esos derechos se conviertan en la posibilidad de quedarse de manera permanente explotando un espacio que por su naturaleza es público y que compite con quienes han hecho un esfuerzo por establecerse de manera formal”.
“No nos oponemos a que los vendedores ambulantes se ganen la vida dignamente, sino a la óptica que las autoridades dan a estas cosas, la óptica del clientelismo, del populismo”, recalca Jorge, propietario de un taller de costura en el primer cuadro capitalino.
Derecho al trabajo digno, dicen unos; impunidad con derechos, dicen otros. La discusión a doble tinta.

Óscar Hernández Bonilla es reportero de investigación en Proyecto 40. Conductor suplente en Informativo 40. Especializado en temas sociales y seguridad. Coberturas electorales, desastres naturales,  e internacionales: guerrilla de las FARC. “En cualquier parte hay algo valioso, digno de narrar; el reto es descubrirlo”.

E-mail: oskarhbonilla@gmail.com

Twitter: @ohernandezb