CÁRCELES… VACÍO DE AUTORIDAD

La confesión de un recluso respecto a que no fue suicidio la muerte de José Octavio Sánchez Razo, a quien la Procuraduría de Justicia del Estado de México considera el asesino de la niña Valeria, violada y muerta en una combi de transporte colectivo, pone en evidencia que en las cárceles hay vacío de autoridad y por ello los reclusos se autogobiernan.
El reo entrevistado por Ciro Gómez Leyva reconoce que los reclusos del penal Neza-Bordo ya esperaban la llegada de este sujeto para aplicarle el castigo tradicional que se acostumbra en ese centro penitenciario para los violadores, que es matarlo a golpes o electrocutarlo y al final ahorcarlo para que parezca suicidio y no genere repercusiones contra los internos por parte de las autoridades judiciales.

Este caso una vez más pone en evidencia el vacío de autoridad en todo el sistema penitenciario, pues el poder lo ejercen los internos.
Esto debiese llevarnos a reconocer que si el Estado Mexicano no es capaz de tener control absoluto de un pequeño conglomerado humano, teniendo armamento, legitimidad y un espacio cerrado, entonces ¿cómo esperamos que tenga control social en el exterior, o sea en el resto del país?.
Hay territorios donde gobiernan los cárteles y la policía y los alcaldes, o están a su servicio y son recompensados como cómplices, o por temor se dejan recibir órdenes y entregarles el control total de la policía.
Sin embargo, también debemos reconocer que en lo general en la mayor parte del territorio nacional se vive ordenadamente.
La respuesta es muy simple: no es porque la autoridad legítimamente constituida a partir de un gobierno elegido democráticamente tenga el control social, sino porque la sociedad en su mayoría está constituida por ciudadanos que valoran el orden y la tranquilidad y por ello acatan la ley y no dan problemas.
Somos los ciudadanos y no el gobierno los que garantizamos la paz social. Somos más la “gente de bien” que los delincuentes y ello es lo que genera orden.
Pecamos de otros defectos, pero a final de cuentas los mexicanos preferimos vivir en orden, independientemente que dentro del sistema de seguridad e impartición de justicia impere la ley de la selva. La ley la imponen los poderosos y muchas veces éstos son parte del crimen organizado.
Sólo la autoridad moral que respalda a un gobierno, obtenida a través del voto ciudadano, debiese ser suficiente para que este gobierno actúe con legitimidad y enfrente a la delincuencia. Incluso esta legitimidad institucional se convierte en una responsabilidad que tienen los gobiernos de preservar el orden imponiendo la ley.
Sin embargo, por comodidad y la ley del menor esfuerzo, los funcionarios públicos evaden esta responsabilidad y dejan actuar a la delincuencia, como sucedió durante muchos años con los huachicoleros, hasta que se convirtió en un gran problema nacional.
En este país los funcionarios públicos evaden este compromiso. Por ello hay un grave problema de credibilidad y surge la justicia callejera, en la cual la población se defiende y lincha a los delincuentes y se crean los grupos de autodefensa.
Si en espacios cerrados como son las cárceles el control lo tienen los reos, ya sea porque las autoridades penitenciarias a través de prácticas que caen en la corrupción, o por miedo, no imponen el orden y esto es solapado desde los puestos de mayor jerarquía de la estructura gubernamental, entonces los ciudadanos ¿que protección podemos esperar?.
Si las cárceles no se convierten en el símbolo de la ley porque ya no imponen respeto entre los delincuentes, entonces todo el sistema de impartición de justicia se convierte en una parodia.
Es necesario militarizar las cárceles, puesto que contrario a lo que piensan algunos líderes de opinión con influencia política, el Ejército Mexicano es el último reducto del orden y la ley en México.
Hoy las fuerzas armadas son el último símbolo de respeto y autoridad con que cuenta el Estado Mexicano.
Que en algunos casos ha habido militares que cometen excesos, es posible que haya sucedido y debemos exigir que se actúe contra los infractores con todo el peso de la ley, pero aún así, las fuerzas armadas han sido la institución más confiable con que cuenta el país.
Preferible tener un general de muy alto rango, capaz de imponer disciplina dirigiendo cada uno de los penales, tanto federales como estatales, bajo la supervisión del sistema de justicia militar y soldados de intachable conducta y altamente capacitados en lugar de custodios, que seguir tolerando la impunidad, corrupción y desorden en los espacios que por ironía idiomática se denominan “centros de readaptación social”.
Estos en realidad son territorio dominado por los criminales y además centros de operación delictiva, donde se realizan diariamente extorsiones telefónicas sobre la población utilizando la telefonía y las herramientas de la banca electrónica, se fraguan secuestros que operan los cómplices que están en libertad y se planean delitos.
Las cárceles se han convertido en las oficinas corporativas de la delincuencia organizada, pero pagadas con nuestros impuestos.
Cuando el símbolo del castigo que impone la sociedad a infractores y delincuentes se convierte en una cloaca, significa que toda la estructura del sistema de justicia es simple simulación.
La militarización de las cárceles parece ser la única solución.
¿Y usted cómo lo ve?.
@homsricardo
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