PESOS Y CONTRAPESOS
Desde el punto de vista teórico las cosas son claras: el crecimiento de la economía, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, depende de las inversiones directas, que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, que a su vez dependen de la competitividad del país, que es la capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que a su vez depende de las instituciones, que tienen que ver con las normas jurídicas (que deben ser justas y eficaces) y con la actuación del gobierno (que debe ser honesta y eficaz).
Según el más reciente Reporte de Competitividad Global (RCG), del Foro Económico Mundial (FEM), México ocupa, entre 137 naciones, el lugar 51, con una calificación de 6.3 sobre 10, según los 12 pilares de la competitividad que considera el FEM. En materia de instituciones, uno de los 12 pilares, la posición es 123 y la calificación 4.6. El pilar de las instituciones se integra por 21 variables que son: derechos de propiedad (lugar 93, calificación 5.7); protección a propiedad intelectual (67,5.9); desvío de fondos públicos (127,3.1); confianza en los políticos (127,2.3); pagos irregulares y sobornos (105,4.6); independencia judicial (113,4.1); favoritismo gubernamental (129,2.9); eficiencia del gasto gubernamental (121,3.1); peso de la regulación gubernamental (120,3.7); eficiencia del marco legal para resolver disputas legales (118,3.9); eficiencia del marco legal para “retar” regulaciones (94,4.1); transparencia en el diseño de políticas gubernamentales (63,5.7); costo del terrorismo para los negocios (87,6.9); costo del crimen y la violencia para los negocios (131,3.9); crimen organizado (134,3.7); confianza en la policía (134,3.4); comportamiento ético de las empresas (117,4.6); fortaleza de auditoría y reporte de estándares (56,6.9); eficacia de las mesas directivas (57,7.1); protección a accionistas minoritarios (70,5.7); protección a inversionistas (51.6).
De estas 21 variables 18 dependen directamente de alguno de los tres poderes del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial), gobierno que no está contribuyendo, ni con leyes justas y eficaces, ni con una actuación honesta y eficaz, a elevar la competitividad del país.
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