El nivel de impunidad en México es altísimo. El promedio nacional es de 67.42 puntos en una escala del 1 al 100, según el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) dado a conocer por la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP).
Esto quiere decir que de cada 100 delitos que se cometen en nuestro país, casi siete quedan sin castigo, o sea que los delincuentes no son apresados ni llevados a la cárcel.
Según el estudio del 2015 realizado por esta institución educativa, denominado Índice Global de Impunidad (IGI), México ocupa el segundo lugar de los 59 países que fueron evaluados. Aquí el índice de impunidad es altísimo.
Sin embargo, mientras la impunidad en el país es altísima, se está dando un fenómeno gravísimo y que es que los jueces están soltando a delincuentes confesos y muchos de ellos detenidos en flagrancia cometiendo el delito, bajo el argumento de que se violaron derechos del delincuente acusado durante alguna parte del proceso.
El argumento que utilizan los jueces al ser cuestionados es que el nuevo sistema acusatorio que recientemente entró en vigor, los obliga a hacerlo.
El caso de la banda de secuestradores liberada por un juez en Veracruz, por un tema de procedimiento no obstante haber sido apresada en flagrancia con sus secuestradas, es un grave ejemplo de esto, pues no usó el sentido común y antepuso argumentos administrativos ante el riesgo de liberar a unos delincuentes peligrosos.
Evidentemente, un mes después dos de ellos fueron atrapados nuevamente después de cometer otro secuestro.
Es infantil imaginar que este argumento administrativo sea cierto. Parece más un argumento para esconder corrupción, que una limitante real en un país donde se cometen los más graves atentados a la impartición de justicia, principalmente sobre gente pobre y sin capacidad de sobornar a funcionarios.
Según el mismo estudio de la UDLAP, pero del 2015, el 46% de la población encarcelada carece de una sentencia condenatoria. O sea, que pueden pasar años sin ser juzgados pero permanecen encarcelados.
Hay mucha gente encarcelada durante años por delitos menores, pero muchos de los grandes delincuentes, cuyos delitos son de altísima rentabilidad, obtienen su libertad de forma inexplicable.
Poco se ha explorado a profundidad la corrupción entre ministerios públicos, secretarios de juzgado, jueces, magistrados.
¿Qué controles hay sobre ellos?. ¿Cómo se vigila su conducta?. ¿Todos tienen el perfil moral para garantizar equidad y juicios justos?
Incluso, ¿Cómo se les protege para que no sean chantajeados?.
Los jueces y todo el sistema de impartición de justicia son fundamentales para abatir el delito y generar seguridad.
Si ellos estimulan la impunidad soltando a delincuentes simplemente por fallas procesales, entonces al disminuirse el riesgo se incrementa el delito.
El problema de la impartición de justicia es tan grave, que es necesario poner énfasis en la calidad moral y ética de quienes forman parte del Poder Judicial.
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