PESOS Y CONTRAPESOS
Esta semana se dio a conocer el resultado de la consulta que, año tras año, realiza el Fondo Monetario Internacional (conocida como Consulta del Artículo IV), con el fin de evaluar el desempeño de la economía y de identificar los problemas que impiden una mejor actuación de la misma. Por falta de espacio, centro la atención en este último punto, y transcribo del documento original.
“Los Directores recomendaron perseverancia en la implementación de la agenda de reformas estructurales. Resaltaron la necesidad de priorizar reformas encaminadas al buen gobierno, seguridad, estado de derecho e informalidad. Señalaron la importancia de mejorar la eficiencia de las instituciones judiciales y urgieron la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Dos son, en esencia, las recomendaciones de los Directores del FMI. Primera: perseverar en la implementación de las reformas estructurales: laboral, financiera, de competencia, de telecomunicaciones, energética, fiscal (que en realidad fue una contrarreforma). Segunda: que el gobierno haga, honesta y eficazmente, las tareas que legítimamente le corresponden, y que convergen en una sola: garantizar el Estado de Derecho, que yo defino como el gobierno de las leyes justas, Estado de Derecho que se compone de dos elementos: leyes justas, y autoridades gubernamentales honestas y eficaces, capaces de hacer valer esas leyes.
¿A quién va dirigida la recomendación de los Directores del FMI? A nuestros gobernantes. ¿Qué les recomiendan? Que hagan, con honestidad y eficacia, su legítima tarea: garantizar el Estado de Derecho, mismo que en México deja mucho que desear. Según el Índice de Estado de Derecho 2016, del Proyecto Mundial por la Justicia, en materia de Estado de Derecho México ocupa, entre 113 naciones, la posición 88, con una calificación, sobre 10, de 4.6 puntos.
Reformas estructurales van y vienen, la mayoría apuntando en la dirección correcta, pero la economía no crece más. ¿Por qué? Porque falta lo principal, Estado de Derecho. Porque el gobierno no hace bien la única tarea a la que no debe renunciar: garantizar el Estado de Derecho, es decir, hace valer nuestros derechos.
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