 |
| Ricardo Homs |
Es cierto que existe gran desconfianza ciudadana respecto de las grandes fortunas que acumulan funcionarios públicos y la clase política. Las cantidades son estratosféricas y no corresponden ni remotamente a sus salarios, aunque dicha cantidad hubiese ido directamente a una cuenta de inversión.
Seguramente casi ningún país del mundo tiene una clase política en la opulencia desmedida, mas que México.
Por ello es que se debe poner un alto a este abuso equiparable a delincuencia de “cuello blanco”, arropada por el cinismo, la opacidad y un pacto no reconocido ni oficializado, pero que existe de hecho y hace que las autoridades que deben castigar el abuso no lo intenten, porque esperan que si un día ellos mismos llegan a estar en el “banquillo de los acusados, en retribución reciban el mismo trato benevolente que ellos ofrecieron a otros. Por ello prefieren voltear hacia otro lado e ignorar las evidencias .
Sin embargo, -aún reconociendo que la ciudadanía tiene el derecho de vigilar la conducta moral de los funcionarios públicos-, para llevar esta exigencia de transparencia hasta sus últimas consecuencias, se deben hacer ajustes.
En un contexto de delincuencia organizada como el que vivimos, hacer transparente de forma pública la riqueza equivale a estimular el interés de las bandas de secuestradores y extorsionadores a cometer este delito de altísimo impacto.
Sí es necesario que exista control, pues la opacidad estimula la corrupción y por tanto, -que un funcionario sepa que será muy fácil descubrir su fortuna si esta crece de forma desmedida-, desestimulará la corrupción y los negocios turbios que repercuten en el costo final de la obra pública y la administración gubernamental, dinero que siempre termina siendo pagado por el contribuyente via impuestos.
Sin embargo, para que la información patrimonial sea manejada de forma responsable es necesario que sea concentrada en una institución que garantice confiabilidad. Sólo a través del requerimiento específico de un juez se debe permitir que esta información sea compartida con las autoridades competentes.
Sin embargo, el 3 de 3 en estricto sentido sólo es un símbolo de los deseos ciudadanos de vigilar el patrimonio de los funcionarios y así desestimular la generación de negocios opacos vinculados con el soborno y el favoritismo.
Podríamos decir que el SAT debe tener la información patrimonial de toda la población mexicana, entre la cual debe destacar la de los funcionarios públicos. Por tanto si no se combate la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, es porque no ha habido la voluntad política genuina y comprometida para hacerlo, pues esa información con toda seguridad la tienen las autoridades hacendarias.
Incluso, para que haya corrupción debe haber una contraparte en el ámbito empresarial que realice los negocios. Por tanto, también es necesario aceptar, -lo que pretendió hacer el Congreso-, responsabilizar a los empresarios que hacen negocio con funcionarios corruptos. Por tanto, desde el lado ciudadano, -donde se mueven los empresarios-, ha habido un doble discurso moralizador, responsabilizando al funcionario público sin compartir esa responsabilidad con quien le ayuda a hacer negocios.
Para hacer operativa la exigencia del 3 de 3 es necesario blindar la información para que no sea utilizada con fines delictivos y extender las responsabilidades hasta quienes les ayudan a hacer negocios.
E-mail: ricardo.homs@usa.net
