PESOS Y CONTRAPESOS
En un país poco institucionalizado, o porque las instituciones no se respetan, o porque las instituciones vigentes facilitan el cambio institucional, los cambios de gobierno generan inseguridad y desconfianza. El nuevo gobernante, ¿respetará las instituciones vigentes? El nuevo gobernante, ¿las modificará? Por instituciones entiendo, sobre todo, las normas jurídicas, cuya ventaja, si se respetan y no se modifican más que cuando resulta realmente necesario, es que brindan seguridad y confianza. Los ciudadanos saben a qué atenerse.
No faltan quienes se preguntan qué puede pasar, en materia de economía, en general, y de inversiones directas, en particular, si llegara a la presidencia AMLO, quien está a favor de volver al pasado. Hay quienes opinan que, aún con AMLO en la presidencia, no habría de qué preocuparse. Cito a Enrique Quintana, quien afirma que “tenemos una estructura institucional suficientemente robusta para garantizar las inversiones, independientemente del resultado electoral de 2018”. Esa robustez es la que yo no veo, ni siquiera tomando en cuenta las reformas constitucionales que hicieron posible las reformas estructurales, y no la veo porque de la Constitución importa, no lo que se cambió, sino lo que no se tocó.
Pongo un ejemplo.
Leemos en el artículo 28 constitucional que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios”, pero que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas (…) y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”, lo cual quiere decir que basta y sobra que el Congreso expida una ley, en la cual se diga que el sector X o Y es considerado estratégico, para que el mismo sea expropiado y gubernamentalizado. Así las cosas, ¿podemos afirmar que en México están garantizadas, entre otras cosas, las inversiones, por ejemplo, las que se han realizado, consecuencia de la reforma energética, en la industria petrolera?
Lo citado muestra que en México el derecho de propiedad no está, ni plenamente reconocido, ni puntalmente definido, ni jurídicamente garantizado. ¿Grave? ¡Gravísimo!
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