A propósito de lo expuesto en el apartado anterior, en fechas recientes en México se han dado algunas declaraciones y pronunciamientos oficiales del gobierno que explican en gran medida el clásico ‘por eso estamos como estamos’.
Me refiero, en especial, a las reacciones en torno del llamado ‘tortillazo’.
Por si alguien no está enterado, comerciantes de tortillas advirtieron este mes que subirían el precio de su producto entre 1.50 y 3 pesos por kilogramo. De enero a noviembre de 2017, ese precio tuvo un aumento acumulado de 6.83%, superando con ello la tasa anual de inflación general.
Los comerciantes se defendieron de pronunciamientos de las secretarías de Hacienda y de Economía en el sentido de que un incremento de tales proporciones sería ‘injustificado’, argumentando el alza en el costo de sus insumos.
Las autoridades señalaron que el costo de la tonelada de maíz blanco se mantiene 11% por debajo de su precio de hace un año, y al ser el principal componente de la tortilla, el aumento en el precio sería ‘infundado’. Grave error.
A usted le debe estar permitido ponerle el precio que se le dé la gana a su producto o servicio, sin importar que venda tortillas, tamales, computadoras o autos. El público es el que, mediante su decisión de comprar o no, debe ‘votar’ si el precio de algo lo vale o no. De no ser así, el vendedor se verá obligado a bajarlo, sacrificando ganancia o siendo más eficiente, o atenerse a la consecuencia de tener que salir del negocio. Ni más ni menos.
Es así como se supone que deben funcionar los mercados. Es lo justo, eficiente y de sentido común: sólo aquellos que gocen de la preferencia voluntaria del público son quienes deben prevalecer y los demás desaparecer. Después de todo, ¿por qué debería ser distinto si al público no le interesa, no le gusta o no le conviene comprar determinado bien con tal o cual productor?
Cuando el gobierno interviene para controlar un precio, las distorsiones que genera son de graves consecuencias y –en todos los casos– peores al mal que se supone pretendían corregir.
Sí, ya sé que de inmediato saltarán quienes sostengan que no es lo mismo el precio libre para los iPhone 8 o X que para un producto básico como la tortilla, pero la realidad es que económicamente no hay diferencia.
Ni esos mercados ni ningún otro deben tener controles de precios, pues sólo esto asegura el abasto y el funcionamiento adecuado y justo de los mercados, esto es, donde los oferentes y demandantes negocian en libertad los precios.
Piénselo: ¿quién y por qué debería estar dispuesto a vender su producto a un precio que NO quiere? ¿El gobierno debe decidir cuánto es lo que ‘debo’ ganar en mi negocio como ganancia ‘válida’?
Como le he explicado antes, los seres humanos actuamos y en nuestro actuar preferimos unas cosas sobre otras. Siendo así, mediante leyes positivas y decretos podrán prohibirnos tal o cual conducta, pero jamás podrán impedir que actuemos, por decisión propia, incluso en contra de esa prohibición a pesar de posibles castigos.
Le pongo un ejemplo muy a la mano: puede prohibir el consumo, venta y distribución de drogas, pero eso no evitará que algunas personas las consuman, vendan y distribuyan a pesar de los riesgos. En ese caso, para compensar ese aumento en el peligro de sufrir las consecuencias, la prohibición causará que los precios del producto, en este caso las drogas, se disparen.
Las ganancias extraordinarias que se obtienen, en consecuencia, atraerán siempre a más y más interesados en el negocio, pese a que por ello se sigan imponiendo sanciones y penas mayores.
En el caso del control de precios, pensado principalmente para evitar la inflación, fracasa porque los productores y/o distribuidores preferirán cerrar sus puertas y ofrecer sus mercancías en el mercado negro, antes de tener que vender a un precio tan bajo (decidido no por el mercado sino por el gobernante) con pérdida o con una utilidad que no quieren o no aceptan. Es su derecho.
Un precio demasiado bajo desalentará entonces la oferta de los productores privados mientras estimula la demanda (por lo barato del bien), lo que en consecuencia tenderá a causar más escasez, precios aún más elevados en el mercado negro y una pérdida en el poder de compra de los consumidores.
Del otro lado: un control de precios que imponga uno demasiado alto alentará la oferta en perjuicio de la demanda –porque nadie quiere comprar a un costo artificialmente elevado–, lo que en consecuencia tenderá a presionar los precios a la baja. En estos casos es usual que se obligue al gobierno a comprar a precios ‘de garantía’, con lo que la pérdida se echa a los hombros de los contribuyentes en beneficio de algunos productores.
En suma, los controles de precios fracasan porque atentan contra las fuerzas naturales del mercado, que son las que deben determinarlos siempre, y sus consecuencias las pagan caro los consumidores.
Cada vez que escuche la demagogia del control de precios aléjese de inmediato de ese candidato, político o funcionario, pues estará en presencia de un ignorante económico, un dictador, un populista o todo junto. Todos, personajes a evitar.
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