El testimonio ante la CIDH, de las once mujeres víctimas de abuso sexual por parte de los policías que participaron en el restablecimiento del orden en los disturbios del mercado de flores en Atenco, en 2006, pone en relieve una problemática recurrente.
El grave problema de la violación a derechos humanos en México tiene un grave componente. Cada vez que se atienden reclamos por abusos, difícilmente esto concluye en un castigo ejemplar a los violadores de derechos humanos. Eso lleva consigo un significado y es que la conducta cuestionada no equivale a un delito, sino simplemente una falta leve.
Las acciones tienen un significado de mayor peso, que las mismas palabras y declaraciones.
Generalmente, salvo excepciones, todo culmina en una simulación de castigo, o cuando mucho, la separación del cargo, lo cual no es una acción disuasiva que siente un precedente y frene o reprima la posibilidad de que se repita este tipo de abuso en nuevos casos. El castigo light concluye en impunidad.
Generalmente la primera reacción oficial es negar los hechos o culpar a las víctimas que denuncian la tortura de algún delito que pueda justificar la barbarie.
La simulación de justicia siempre termina siendo una burla contra la sociedad y ello estimula la conducta que supuestamente pretendía reprimir.
Si la gravedad del castigo no es equiparable a la gravedad de la falta cuando la comete un funcionario público, entonces el significado que le da el Estado Mexicano es de restarle importancia.
El caso Atenco, en lo relativo a la agresión sexual contra mujeres detenidas, lleva once años en que las víctimas han peregrinado entre las dependencias gubernamentales en busca de justicia sin obtenerla.
Sin embargo, el script es el mismo de todos los casos similares, iniciando con la negación del hecho y después, ante la presentación de las evidencias, la tergiversación de cómo sucedió e incluso el ataque a la reputación de la víctima para justificar la agresión.
Si el reconocimiento de la culpa y el arrepentimiento posterior sólo se da cuando el escándalo se vuelve mediático, el mensaje del mismo Estado Mexicano a los funcionarios públicos causantes de la agresión, es que el delito no es haber violentado los derechos humanos, sino no haberlo hecho con el cuidado necesario para que no trascendiera a la opinión pública.
Si hoy que se volvió mediático este caso Atenco y con impacto en el extranjero, todo concluye en la aceptación de la responsabilidad por parte del Estado Mexicano, e incluso si llegase a haber el ofrecimiento de una disculpa, o hasta en un caso ideal, reparación del daño pero no hay castigo ejemplar para los culpables, nada garantiza que en el futuro no se sigan cometiendo este tipo de abusos.
Hoy que reconocer que hoy que con bombo y platillo se promulga la nueva “Ley general sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares”, si no se castiga con especial rigor a los causantes de este delito considerando una agravante que los agresores sean parte del aparato gubernamental, entonces persistirá la impunidad.
Además, si no se castiga la negligencia de los funcionarios del Ministerio Público, o de la policía, cuando reciben una denuncia de posible desaparición y no actúan en consecuencia, tampoco se logrará eficientar la localización de las víctimas.
Podemos concluir que mientras todas las reformas y leyes relativas a derechos humanos, o delitos cometidos por funcionarios públicos, no lleven aparejado el castigo fuerte a la comisión de una falta grave, o actuar con negligencia, no se logrará abatir todos los rezagos que hoy subsisten en el ámbito de impartición de justicia y combate al delito.
El castigo a la falta cometida es el eslabón faltante. Si no se incluye, entonces no se cierra el círculo virtuoso pues persistirá la impunidad.
¿Usted cómo lo ve?
@homsricardo
Facebook / RICARDO HOMS
www.ricardohoms.com
