¡URGE DESAFORAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS!

JosueS
Josué Segura

Fuero, sinónimo de impunidad para servidores públicos y una de las “figuras jurídicas” que mayor confusión, debate y contradicción ha causado entre los mexicanos. Primeramente respondamos ciertas cuestiones al respecto, algunas de ellas consagradas principalmente del artículo 108 al 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Para qué se creó?
Adoptado en México después de su uso en Europa del siglo XVII y como algunas leyes, el fuero, fue aplicado original y principalmente para proteger a senadores y diputados federales para expresar sus ideas y críticas, sin que les implicara ser reprimidos por algún otro poder. Al paso del tiempo también surgió la inmunidad procesal, con la cual funcionarios de diversos órdenes de gobierno están fuera de la jurisprudencia de poderes judiciales.
¿En qué consiste?
De acuerdo con algunos artículos de la Constitución, pero principalmente el artículo 111, son aproximadamente más de mil 800 servidores públicos que gozan de esta inmunidad procesal. Consiste fundamentalmente en que servidores públicos de alto rango no pueden ser procesados judicialmente por la comisión de un delito durante el periodo de su encargo, esto, en garantía para la “correcta gobernabilidad del país”.
¿Quiénes tienen fuero?
El Presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Despacho, diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
¿Cuál es el proceso ante la comisión de un delito?
De acuerdo al artículo 111 Constitucional, para proceder penalmente en contra de algunos de los funcionarios públicos, mencionados en el párrafo anterior, sólo pueden ser llevados ante la justicia civil mediante un proceso en la que la Cámara de Diputados apruebe su desafuero en votación, que tenga como resultado mayoría absoluta. Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a incriminarlo ante la Cámara de Senadores, bajo las normas establecidas en el artículo 110.
Entonces ¿garantía, privilegio o impunidad?
Resumiendo, el fuero, supuestamente limita a que no se le finquen responsabilidades a un legislador por lo expresado en el ejercicio de sus funciones, pero sí se le pueda procesar, como a cualquier otro ciudadano, en el caso de una falta administrativa; sin embargo en la práctica, para brincarse la ley, las autoridades han igualado el fuero a una impunidad para hacer y decir lo que bien les venga en gana, generando así una de sus principales contradicciones políticas, porque entonces ¿es acaso mentira que el Estado quiere igualdad o equidad para TODOS? ¿Dónde ha quedado esa congruencia?
En México, el fuero ha sido una sensación de protección que rebasa y por mucho su función original, un elemento que los mismos encargados de “defender” los derechos, han distorsionado, esta protección ha favorecido a la clase política y promovido la corrupción. Debería ser una protección a la libertad de las ideas y en contraste, un elemento que favorezca la autonomía legislativa y no un catálogo de privilegios que al final de cuentas se convierten en la más lacerante impunidad.
Urge redefinir y limitar el fuero o en el mejor de los casos, eliminarlo. Con la aprobación de esta eliminación del fuero constitucional a funcionarios públicos se construiría el escenario ideal de EQUIDAD constitucional y legal que exigimos los mexicanos, demanda importante e imperante de una sociedad que cada día exige a los servidores públicos y representantes populares mayor transparencia, rendición de cuentas y honestidad, sería un pequeño paso hacia un sistema capaz de establecer reglas para castigar a sus miembros.
Pero al parecer, no todo pinta ser un futuro gris e incierto, ya que Veracruz es el primer estado que avanza con la adecuación de sus leyes estatales para la entrada en vigor del Sistema Anticorrupción y el primero que aprueba quitar el fuero al gobernador, alcaldes y funcionarios. Así como Nuevo León, donde los diputados expresaron el mes pasado, la intención de presentar la iniciativa de eliminación del fuero para diputados. Habrá que estar al pendiente de los resultados que traiga consigo dichas reformas.
“Josué Segura, miembro fundador de México Libertario, estudiante de Derecho en la UNAM, colaborador en publicaciones, crítico político liberal.”
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