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| Ricardo Homs |
Ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación sistemática de los DH en México, ¿dónde está la voz de la CNDH representando el sentir de los mexicanos?.
La CIDH y la comisión de expertos, el GIE, fueron a evidenciar ante el Parlamento Europeo la falta de colaboración del Gobierno Mexicano para erradicar la tortura y descubrir la verdad de lo que vive el país, actitud gubernamental que impidió a los representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llegar a fondo en la investigación sobre el paradero de los 43 alumnos de Ayotzinapa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿por qué no se ha manifestado en apoyo a su homóloga interamericana?… Su silencio parece complicidad gubernamental, respetando jerarquías. Parece una entidad temerosa de enfrentar al gobierno federal en su conjunto.
Teniendo la verdad de su lado, parece no darse cuenta del peso que tiene su autoridad moral. Por ello debe liberarse de las ataduras de los cauces burocráticos para hacerle frente a la esencia de los problemas y entonces sí cambiar la historia de este país.
La justicia en este país está entrampada en las formas burocráticas, pero sin compromiso con la verdad.
Es cierto que la CNDH está en activo emitiendo recomendaciones sobre múltiples casos específicos, -que involucran a entidades federativas y organismos de la estructura federal-, pero también debiese tomar un rol protagónico en temas como este, del diferendo entre el gobierno federal y organismos internacionales.
Es un hecho que aún no ha llegado el momento en que el gobierno federal tome como prioritario el tema seguridad y derechos humanos, pues aún no hemos visto una acción de alto impacto, alcance profundo y definitivo para resolver el tema de derechos humanos.
Da respuestas circunstanciales, tibias, a medias y de compromiso.
La “SIMULACIÓN” es una conducta gubernamental muy tradicional y arcaica, anclada en el inconsciente colectivo y por tanto, tolerada por la sociedad. Hacer como que se trabaja para dar respuesta a unos cuantos casos mediáticos para quitarse la presión pública, pero ignorando los agravios que se le hicieron a los miles y miles de ciudadanos anónimos, torturados y desaparecidos a partir de esta colusión entre autoridades y delincuentes, -única en el mundo-, en la que México ejerce el liderazgo indiscutible. La inacción es hermana de la simulación.
Hasta hoy no se percibe el peso del poder y la autoridad del Estado Mexicano para poner un ¡hasta aquí!, que represente una acción radical y definitiva, como sería por ejemplo que el Ejército tome el control absoluto de todos los penales del país e imponga una disciplina férrea y además someta a investigación a cada uno de los funcionarios que hasta la fecha han administrado el sistema carcelario y cada una de las prisiones, para fincarles responsabilidades judiciales, llegue a donde llegue el nivel jerárquico.
Acciones de una magnitud como ésta, -en el ámbito de derechos humanos-, daría un claro mensaje de compromiso para acabar con la impunidad.
Sin embargo el Estado Mexicano está a la defensiva y reactivo, sin asumir una actitud proactiva que cambie de fondo esta realidad.
El argumento del Gobierno Mexicano para descalificar a la CIDH y todos los organismos internacionales que cuestionan su pasividad, es que el problema de la violencia está focalizado en unas cuantas zonas geográficas, -y por tanto, no es un problema nacional-, argumento con el cual pretende significar que está sobredimensionado.
Sin embargo, todos los mexicanos sabemos que “la violencia” y la “tortura” no van en el mismo paquete de la violencia extrema. 120 millones de mexicanos no podemos estar equivocados.
Mientras la violencia criminal está más focalizada en regiones, -pues por ejemplo Yucatán y Chiapas no tienen esta explosión delincuencial que viven Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, por citar algunos estados -, la práctica de la tortura y la falta de respeto a los derechos humanos es parte de “usos y costumbres” en todo el territorio nacional. Desde Quintana Roo hasta Baja California, -pasando por el resto de nuestra geografía-, esta es una práctica común y cotidiana. Por tanto ya no debe ser tolerada.
Los que tienen visión miope son los funcionarios públicos, -que en lugar de asumir sus responsabilidades-, se autojustifican magnificando sus esfuerzos por un lado y victimizándose porque la sociedad no se los reconoce. Y por otra parte, negando una realidad de crisis que ellos no quieren ver
El gobierno mexicano está más preocupado en las elecciones que en resolver problemas de fondo como tortura, derechos humanos, violencia, impunidad y corrupción. Todos estos graves vicios están intervinculados. Si no hubiese corrupción estimulada por la impunidad, no habría violencia y si no hubiese ésta, no habría tortura. Todo va de la mano.
Hay corrupción de cuello blanco, – o sea corrupción “ilustrada”-, que es la que ejercen funcionarios que aprovechan su cargo para hacer negocios. Sin embargo, más grave aún es la corrupción policial y del ámbito de procuración de justicia, pues ésta termina en impunidad ante la violencia y la tortura.
Quisiéramos ver un gobierno alejado del discurso patriotero, de la auto victimización frente a los organismos multinacionales y de la reiterativa descalificación de sus críticos.
En contraste quisiéramos descubrir en el gobierno federal una nueva visión, comprometida con los derechos humanos y activa en la protección de éstos, para que en el futuro se haga la diferenciación de “un antes” y “un después” de la administración del presidente Peña Nieto.
La CNDH debiese ser el promotor de este cambio de actitud.
E-mail: ricardo.homs@usa.net
