ADJUDICACIÓN DIRECTA, ¿ANTICONSTITUCIONAL?

PESOS Y CONTRAPESOS

El congreso de Tabasco modificó la ley estatal para hacer posible la adjudicación directa de obra pública, comenzando por la refinería que pretende construir AMLO, lo cual es éticamente injusto y económicamente ineficaz.
Es injusto porque no se reconoce la libertad de los constructores y proveedores potenciales para, compitiendo por medio de licitaciones, proveer al gobierno y construir para el gobierno. Con la adjudicación directa el gobierno trata de manera desigual a quienes debería tratar manera igual.




Es ineficaz porque, al menos que la empresa a la que se le adjudique directamente la obra sea la que pueda realizarla a menor precio, lo cual es poco probable, el resultado será un mayor desembolso del estrictamente necesario, lo cual, ante la escasez de recursos, se convierte en un despilfarro a favor de los privilegiados por la adjudicación directa.
Toda obra pública (y si me apuran toda compra del gobierno), debe ser objeto de licitación, de competencia entre los posibles oferentes, ya se trate de una obra del Gobierno Federal, ya de alguna obra de gobiernos estatales. Toda, sin excepción.
Este caso es una muestra de cómo puede cambiarse la ley, no para garantizar los derechos de las personas, sino para defender los intereses pecuniarios de ciertos grupos, lo cual es inaceptable. La ley debe garantizar derechos, no defender intereses, mucho menos pecuniarios, mucho menos de grupos empresariales, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿a qué grupo empresarial beneficia el cambio de la ley, que elimina las licitaciones y hace posible la asignación directa de obra pública, comenzando por la nueva refinería? Ese grupo empresarial, ¿qué relación tiene con AMLO? ¿Qué precio tendrá que pagar dicho grupo por el favor recibido? En el gobierno, tanto estatal como Federal, ¿quiénes, y por cuánto, se beneficiarán por el favor concedido?




¿Cómo evitar que la obra pública se vuelva botín de unos cuantos, de los privilegiados por adjudicaciones directas? Cito a Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE: “Se necesita una ley federal para que ningún estado tenga la facultad de modificar sus leyes y proteger a proveedores locales o a sus amigos”, y se haga valer lo establecido en el artículo 134 constitucional: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
Lo hecho en Tabasco, ¿no es anticonstitucional?

E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal

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