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| Ricardo Homs |
Llama la atención que José Antonio Ortega Sánchez, -presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.-, haya acusado de fraude a Emilio Álvarez de Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por un supuesto fraude de al menos 2 millones de dólares obtenidos del Gobierno federal para la investigación del caso Ayotzinapa.
¿Por qué una ONG como es este Consejo Ciudadano de Seguridad Pública tendría que acudir a la PGR para denunciar un supuesto fraude que debiese ser reclamado, -si es que hay sustento-, por el mismo gobierno federal?. Parece una denuncia cuyo fin es mediático.
No es usual que una ONG acuse penalmente a quienes pertenecen a un organismo que no es gobierno y que también se dedica a cuidar el respeto a los derechos humanos.
¿Por qué acusa a Álvarez de Icaza en lo personal y no se va de frente contra la CIDH?.
La CIDH es una dependencia de la OEA, la Organización de Estados Americanos. La OEA es una institución internacional de amplio prestigio, igual que la ONU.
Tomando como referencia principal la entrevista telefónica que Ortega Sánchez dio a Milenio TV, llama la atención que el sustento principal de la denuncia es su percepción de que estuvo mal conformado el grupo de expertos de la CIDH, ya que se seleccionó a gente a la cual él calificó, textualmente, como “pillos”.
El acuerdo que firmó el 26 de agosto de 2014 el gobierno federal con la CIDH para recibir su apoyo tuvo un costo de un millón doscientos cincuenta mil dólares y la cifra pudo incrementarse. Por ello el señor Ortega Sánchez considera que hubo fraude.
En todo caso, ¿no debiésemos cuestionar que quienes firmaron ese acuerdo en 2014 no hubiesen investigado la capacidad profesional y la honorabilidad de los miembros del grupo de expertos que le ofreció la CIDH?. Ese era el momento de cuestionar, no ahora.
Esto nos hace pensar que mientras el gobierno suponía que tendría de su lado a un grupo dócil de expertos que validaría y legitimaría todas sus investigaciones, este equipo era honorable y profesional, pero hoy, -a decir de Ortega Sánchez-, son pillos.
¿Será que la CIDH, como una dependencia de la OEA no conoce la trayectoria de la gente que le representa?.
¿Por qué desacreditar a Alvarez de Icaza en lugar de exigir que quienes alteraron las evidencias en el basurero de Cocula y ocultaron o manipularon la información recabada en los primeros días sobre la agresión a los estudiantes, enfrenten la justicia?. Sin embargo, esos funcionarios siguen en sus puestos y seguramente siguen obstruyendo que se sepa la verdad.
¿Por qué ese Consejo Ciudadano no levanta una denuncia contra los gobernadores de Guerrero que ocultaron información y sabían lo que sucedía en su estado?.
Por qué no cuestionar que poco o casi nada se haya hecho para evitar que muchas policías sigan al servicio de los delincuentes y continúen en sus puestos después de reprobar los exámenes de confianza?.
En fin… esta denuncia contra Álvarez de Icaza genera más dudas respecto a los motivos reales que llevaron al licenciado Ortega Sánchez a enderezar una denuncia de este tipo, -tan cuestionable-, que certezas.
E-mail: ricardo.homs@usa.net
