Ayotzinapa, lo que no dice el gobierno

Luis Pazos


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Luis Pazos

A más de un año de los lamentables hechos de Ayotzinapa, los que condenamos, el gobierno omite informar sobre todo lo sucedido, a pesar de que cuenta con pruebas testimoniales, confesionales, periciales y presuncionales, para dar una versión completa de los hechos.

La primera omisión es no declarar oficialmente muertos a los 43 estudiantes, con base en las pruebas de peritos nacionales e internacionales, testimoniales y confesionales, que han exhibido aisladamente. Ojalá estuvieran vivos, pero con base en las investigaciones hechas públicas, hay pocas o nulas posibilidades de que aparezcan con vida. A menos que ellos mismos se mantengan escondidos. Los que manejan a los padres les dicen que están vivos para involucrarlos en protestas violentas y con grupos de radicales que tienen otros fines.

La segunda omisión del gobierno es no dejar claro las causas de la matanza. Hay suficientes pruebas para afirmar que los motivos de la matanza se relacionan con una lucha entre dos grupos de narcotraficantes. Uno de esos grupos, ligado al presidente municipal perredista de la ciudad de Iguala y el otro, presuntamente relacionado con un grupo de líderes de la normal de Ayotzinapa, que utilizaron a estudiantes de nuevo ingreso para enfrentar a un cartel contrario, ya sea para secuestrar camiones donde había droga o con el fin de que victimaran a los estudiantes y provocará tal escándalo que desatara una persecución contra el cartel con base en Iguala, y lo desarticularan, tal y como sucedió y a la vez, diera una bandera la desaparición o muerte de estudiantes, para colocar a los grupos de radicales que comandan la normal de Ayotzinapa en la agenda nacional, con ganancias económicas y posiciones políticas que nunca tendrían sin el brutal sacrificio de esos jóvenes estudiantes.

No se puede hablar de seriedad ni veracidad en las investigaciones cuando un sector involucrado en esa matanza, los que mandaron a los estudiantes a Iguala, sin ningún motivo académico, no es investigado.
Si el gobierno federal no señala a todos los presuntos responsables, sean narcos, funcionarios, profesores o líderes de la normal y deja claro el final de los 43 desaparecidos, “la verdad histórica”, inventada por los líderes de izquierda radical y sus simpatizantes, tomará el lugar de la verdad jurídica, basada en los hechos derivados de investigaciones y pruebas legalmente válidas.

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