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| Arturo Damm Arnal |
PESOS Y CONTRAPESOS
Leemos, en el artículo cuarto de la Constitución, que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, que “el Estado garantizará el respeto a este derecho”, y que “el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Dada la contingencia ambiental de la semana pasada vale la pena reflexionar en torno al (¿supuesto?) derecho que tenemos los mexicanos al medio ambiente sano, y comenzar con esta pregunta: ¿qué es un derecho?
Derecho es todo aquello que, con relación a A, tiene como contrapartida una obligación de B, obligación que puede ser negativa (no hacer algo, por lo general un mal) o positiva (sí hacer algo, por lo general un bien). Las obligaciones negativas corresponden a los derechos naturales, aquellos con los que la persona es concebida: a la vida, la libertad individual y la propiedad privada, siendo las obligaciones correspondientes no matar, no esclavizar y no robar. Las obligaciones positivas corresponden a los derechos contractuales, aquellos que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo pactado con alguien más, tal y como sucede, por ejemplo, con los contratos de compra venta: el comprador contrae la obligación de pagar por la mercancía que compra y adquiere el derecho de recibirla; el vendedor contrae la obligación de entregar la mercancía que le compran y adquiere el derecho de que se la paguen.
La violación de un derecho, en un verdadero Estado de Derecho, supone, primero, la reparación del daño de parte de quien tenía la obligación correspondiente (resarcir a la víctima de la violación) y, segundo, el castigo para el violador (hacer justicia). En el caso del (¿falso?) derecho al medio ambiente sano, y cuando hay contingencia ambiental, ¿quién es el violador de tal derecho? ¿Quién es el responsable? La Constitución es muy clara: el Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno, garantizará el respeto a ese derecho. Entonces, ante la contingencia ambiental, ¿demandamos al Estado?
Continuará.
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