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| Ricardo Homs |
Un acontecimiento insólito ha sido la disculpa ofrecida a la ciudadanía por el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, por Renato Sales Comisionado Nacional de Seguridad y Enrique Galindo, comisionado General de la Policía Federal, respecto de la sesión de tortura realizada por miembros del Ejército y la Policía Federal en Juchitlán, Guerrero, en contra de una mujer, acto que fue evidenciado en redes sociales.
Esta disculpa pública es un muy importante avance, porque marca por primera vez el reconocimiento público de una práctica continuamente negada. Seguramente a partir de ahora en las instituciones del gobierno federal habrá más cuidado para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar la tortura.
Sin embargo, la provincia mexicana es una peligrosa jungla policiaca, donde los cambios sociales tardan mucho en ser asimilados. Por ello el contubernio entre policías y delincuentes llega a extremos inimaginables hasta hace poco tiempo.
El centro neurálgico de la problemática de la tortura se resolverá cuando se elimine la motivación principal que es obtener una confesión que se convierta en autoincriminación respecto a un delito.
En el momento en que una confesión no tenga valor probatorio, -ni tampoco la acusación de un tercero-, se habrá eliminado la tentación de resolver los casos policiacos por el camino fácil, que es buscar quien pague por un delito, sea o no el verdadero culpable.
Las motivaciones respecto al ejercicio del poder en ambientes rudos, -donde la integridad física está en juego-, son la clave para la protección de los derechos humanos.
Como referencia podemos recordar el estudio que se realizó en la Universidad de Stanford, -en 1971-, dirigido por el Dr. Phillip Zimbardo, el mismo que antes también dirigió el que fue denominado “Las ventanas rotas”, para conocer las circunstancias por las que se rompe el orden y se deriva el acto delictivo.
Este segundo estudio, realizado en 1971, fue patrocinado por la Armada de Estados Unidos, que quería conocer como desactivar los conflictos que se dan en las prisiones.
El Dr. Zimbardo y sus colaboradores habilitaron dentro de las instalaciones de la Universidad de Stanford una prisión ficticia y contrataron a 24 personas para llevar a cabo su experimento.
Contrataron gente joven que fue evaluada psicológicamente para garantizar que fuera equilibrada y emocionalmente madura. La mayoría eran estudiantes de clase media.
Seleccionaron al azar un grupo al que adjudicaron el rol de prisioneros y el otro fue calificado como carceleros. Todos recibirían paga por participar en el estudio.
Fueron disfrazados de acuerdo al rol que asumían y fueron estimulados a actuar de acuerdo con éste.
A unos cuantos días de iniciado el estudio, los participantes se habían posesionado de su papel de forma tal, que se había dado una transformación en su personalidad. Los carceleros se volvieron agresivos y autoritarios y los reclusos dóciles y temerosos, asumiendo el rol de víctimas frente a los abusos. A una semana de iniciado, el estudio debió ser cancelado porque se salió de control.
Si esto sucedió en un estudio ficticio, en la realidad las circunstancias deben ser más graves y dramáticas. Por ello debe crearse un sistema de control totalmente efectivo para controlar la tendencia de policías y funcionarios del sector judicial a abusar de la autoridad conferida.
Sin embargo, el primer paso para solucionar el problema de la tortura y las violaciones a los derechos humanos debe ser legislar en el Congreso para quitar a las declaraciones y confesiones valor probatorio para reconocer la culpabilidad de un presunto culpable.
Aún falta mucho camino por recorrer, pero es urgente tomar en el Congreso las decisiones correctas.
E-mail: ricardo.homs@usa.net
