PESOS Y CONTRAPESOS
Hasta el momento entre Canadá, Estados Unidos y México está vigente el TLC, lo cual quiere decir que ninguno de los gobiernos involucrados puede imponer aranceles a las importaciones provenientes de los otros países, menos aumentarlos cinco puntos porcentuales cada mes, hasta llegar al 25 por ciento, y mucho menos imponerlos a todas las importaciones, precisamente lo que pretende Trump.
De llegarse a imponer el arancel Trump violará el TLC y pondrá en entredicho la aprobación del TEMEC, que sustituirá al TLC, todo lo cual es propio, no del Estado de Derecho, en el cual gobiernan las leyes, entre las cuales se encuentran los tratados internacionales, sino del Estado de chueco, en el cual gobierna el autócrata, generándose la peor de las inseguridades: la jurídica. Y eso, inseguridad jurídica, es lo que genera Trump.
Esa es una de las amenazas que enfrenta hoy el libre comercio: la violación, de parte del gobierno estadounidense, de los tratados comerciales y, en última instancia, su falta de respeto por la Organización Mundial del Comercio, la OMC.
Pero esa amenaza no es la única ni las más grave. La verdadera amenaza es el poder de los gobiernos para prohibir, condicionar o limitar el intercambio comercial entre personas de distinta nacionalidad, intercambio en el que están involucrados el derecho a la libertad (para comprar y vender) y a la propiedad (para adquirirla cuando se compra y cederla cuando se vende). Los tratados de “libre comercio”, por los cuales los gobiernos de los países participantes deciden qué sí y qué no pueden comerciar sus ciudadanos, y bajo qué condiciones pueden hacerlo, son muestra de ello.
En la mayoría de los países es el gobierno el que determina la composición (el qué) y el monto (el cuánto) de las importaciones, limitando la libertad de los agentes económicos para intercambiar como más les convenga que, dicho sea de paso, es lo que debe ser.
Muestra de lo anterior la tenemos en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual leemos que “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país”, lo cual atenta contra la libertad y la propiedad de los agentes económicos, todo ello propio, no del Estado de Derecho, sino del Estado de chueco, que tanto daño nos hace.
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