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| Ricardo Homs |
La querella que interpuso Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI nacional en contra del periodista y académico Sergio Aguayo, por declaraciones publicadas en el Periódico Reforma y el Siglo de Torreón, es un tema sumamente relevante, puesto que la decisión que tomen los jueces definirá el alcance de la “libertad de expresión” en México.
Para Sergio Aguayo la demanda significa tener que resarcirle a Moreira con diez millones de pesos un supuesto daño moral a su honorabilidad. Para la sociedad mexicana este hecho puede sentar un importante precedente jurídico de represión al juzgar a sus gobernantes.
Si algún juez desecha esta querella, este acto daría certeza jurídica al ejercicio del periodismo. Sin embargo, si sucediese lo contrario y ésta llegase a proceder, estimularía una era de represión contra la prensa por parte de funcionarios públicos poderosos. Esto impediría que se les cuestione públicamente, entre otros asuntos, por enriquecimiento ilícito, precisamente hoy que el tema corrupción está en la agenda pública como un urgente reclamo ciudadano.
La simple presentación de esta demanda por parte del exgobernador Moreira significa un atentado contra la libertad de expresión, pues como ex servidor público debiese estar consciente de que está bajo el escrutinio público, le guste a él o no le guste, pues administró recursos públicos que tienen origen federal y en su gestión la deuda pública del Coahuila, el estado que gobernó, se disparó súbitamente a montos muy altos.
Que se sustente la demanda en la frase “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, es una exageración, pues de ningún modo es una injuria. Es una opinión personal de ese autor, quien califica su gestión.
Sin embargo, ya hay una segunda demanda por nuevas acusaciones.
Definitivamente estas dos demandas no se dan entre iguales que tengan la misma capacidad de defensa. Es una agresión desde la cúspide del poder político y económico del país en contra de un profesional que vive del análisis político y social, en el ámbito periodístico y académico y por tanto, alguien que está en posición vulnerable frente a quien le demanda. No hay equilibrio de fuerzas.
La imagen internacional de México como un lugar peligroso para ejercer el periodismo podría empeorar aún más si un juez inicia un proceso contra Aguayo.
Además de los riesgos derivados de ejercer el periodismo en ambientes de violencia y delincuencia, se añadiría la violencia psicológica y la represión provocada por funcionarios públicos poderosos y políticos, no sólo contra la prensa, sino también contra opositores políticos, militantes de partidos de oposición al del funcionario, e incluso ciudadanos con liderazgo de opinión, quienes tendrían que cuidarse de lo que exponen en redes sociales contra un gobernante.
En provincia esto podría generar prácticas represivas contra la prensa por parte de gobernadores y alcaldes, específicamente en contra de periodistas locales que no tendrían el impacto nacional que ha tenido este diferendo entre Humberto Moreira y Sergio Aguayo. Periodistas vulnerables por estar lejos de los reflectores nacionales.
Un “meme” considerado ofensivo por un gobernante podría ser investigado por la policía cibernética y su autor llevado a tribunales, e incluso a la cárcel, como sucedió al inicio de la gestión del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien calificó a la periodista veracruzana Maruchi Bravo Pagola, así como al ciudadano Gilberto Martínez Vera, de “acciones subversivas” que crearon psicosis colectiva derivada de la información que subieron a su muro de Facebook y Twitter, respecto a posibles hechos delictivos que no pudieron comprobar que hubieran sucedido, el 25 de agosto de 2011.
Ambos fueron apresados y encarcelados en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec y en su momento el gobierno veracruzano amenazaba de que podrían pasar 30 años en la cárcel. Sin embargo por falta de sustento jurídico en la demanda del Gobierno del Estado de Veracruz, ambos tuvieron que ser liberados. Sin embargo, la experiencia durante el tiempo en prisión debe haber sido traumática y representó un aviso para quienes estaban muy activos en redes sociales y toda la ciudadanía.
Las consecuencias de que se ejerza acción contra Sergio Aguayo por estas demandas, pueden ser de alto impacto para el ejercicio de la libertad de expresión y además, para acrecentar la deteriorada imagen de México en el exterior respecto a la protección de los derechos humanos, al grado que se justificaría la intervención por parte de la Secretaría de Gobernación para evitar que se consume este atropello que sentaría un precedente jurídico que nos acercaría al totalitarismo.
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