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| Ricardo Homs |
Mucho se habla de la equidad de género, de la violencia que concluye en feminicidios y la necesidad de poner un límite a la violencia en casa contra la mujer.
La realidad es que hasta hoy todo se limita a una actitud sin compromiso tanto autoridades como de la sociedad. Equivale a una moda “socialmente correcta”.
Es asombroso que según el diagnóstico cualitativo sobre atención a víctimas de violencia sexual realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sólo uno de cada cien agresores sexuales llega a enfrentar a la justicia. Este documento presentado por Anita Suárez, -directora del Comité de Violencia Sexual de la CEAV-, revela la realidad mexicana en su justa dimensión.
La realidad es que esta impunidad se agrava por la actitud negligente de las autoridades judiciales, que consideran a la violencia sexual como un pecadillo menor y sin importancia, simplemente porque no son delitos sangrientos. Si añadimos además el morbo que despierta en los funcionarios que reciben las denuncias, así como sentimientos libidinosos, esta mezcla genera impunidad.
El caso de la periodista norteamericana Andrea Noel, -quien fue atacada en la turística colonia La Condesa, de la Ciudad de México-, describe con exactitud la problemática.
Un sujeto desquiciado se abalanzó sobre ella y le bajó las pantaletas. Ella dice haber denunciado los hechos en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sin que su caso haya progresado. Peor aún que por haber exigido justicia, empezara a ser acosada de forma anónima en redes sociales.
Pareciera que por haber cometido la osadía de acudir ante las autoridades por un “delito menor”, merece ser señalada. Esa falta de respeto contra su identidad de mujer debiese ser tomada como una afrenta contra todas las mujeres. Sin embargo, la pasividad de las autoridades refleja desinterés. Esto significa que no les queda claro que al no actuar se estimulan las agresiones, que pueden agravarse en el seno de la familia y en casos extremos llegar a violencia mortal en el contexto del feminicidio.
La trata de mujeres no ha sido atacada con decisión, pues no se han desmantelado las redes de prostitución forzada. Desde hace varios años, -quizá desde los años setenta-, Tenancingo, -en el Estado de Tlaxcala-, está identificada como el lugar donde un grupo de familias se han dedicado a este negocio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene identificada a esta pequeña ciudad tlaxcalteca como el “mayor proveedor de esclavas sexuales de la Unión Americana” y esto lo ha mostrado con el documental “Pimp city; a journey to the center of the sex slave trade”, que fue dado a conocer en 2014. (Ciudad proxeneta; un viaje por el centro del negocio de la esclavitud sexual).
¿Será que el gobierno del Estado de Tlaxcala no está enterado?… ¿Y el gobierno federal?.
Sin embargo esto parece imposible pues a lo largo de muchos años gran cantidad de ONG´s han denunciado que este negocio prospera en esta ciudad porque hay autoridades que le protegen y la policía está “comprada”.
Realmente la violencia contra las mujeres es un problema complejo porque involucra actitudes machistas ancladas en el inconsciente colectivo.
La educación es fundamental para concientizar a un amplio sector de las mujeres mexicanas, -que desde muchas generaciones han sido condicionadas a la sumisión-, que tienen derecho a vivir dignamente sin ser mancilladas por varones acomplejados que en ellas descargan sus frustraciones cotidianas.
Lo grave es que mientras un importante segmento de la población femenina siga transmitiendo a través de la cultura de “usos y costumbres” a sus hijos varones y mujeres estos valores sexistas, -de sumisión para ellas y el derecho al dominio para ellos-, será imposible que la equidad de género permee a través de la sociedad y se erradique la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
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