PESOS Y CONTRAPESOS
Defino al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Su primer ingrediente son leyes justas. El segundo autoridades honestas y eficaces, que las respeten y hagan respetar.
La justicia, según la clásica definición de Ulpiano, es la constante y perenne voluntad de dar a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. La justicia es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, respeto que es la esencia de la convivencia civilizada.
El problema surge cuando se promulgan leyes injustas, que violan derechos, como es el caso, uno entre muchos, de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en cuyo capítulo V (De la disponibilidad y acceso equitativo al libro), se establece el precio único, que viola el derecho de propiedad del librero sobre sus libros.
Según dicha ley el editor o importador debe, para los primeros 18 meses de exhibición del libro, fijar un precio, que será el mismo en todo el país, al cual los libreros deben ofrecer sus libros, lo cual viola su derecho a la propiedad, que es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, con una sola condición: que al hacerlo no se violen derechos de terceros.
Entre las distintas maneras de disponer de lo que es de uno está la de ofrecerlo a la venta, lo cual supone la libertad de ofrecerlo al precio que uno crea más conveniente. La mentada ley no reconoce este derecho, ya que el librero debe ofrecer su mercancía el precio que le fije, o el editor, o el importador. Se trata de una ley injusta.
¿Qué hacer con las leyes injustas? Eliminarlas. ¿Y si no se puede? Desobedecerlas. El problema consiste en determinar correctamente si una ley es injusta o no, lo cual depende, de entrada, de la definición de justicia que cada quien tenga, debiendo tener presente que no hay nada más injusto, y peligroso, que una falsa definición de justicia, que no son pocas.
Lo anterior viene a cuento por lo dicho por AMLO, hace un par de días, cuando afirmó que la justicia está por encima de la ley, lo cual es cierto, y que, si hay que optar entre la ley y la justicia, debe optarse por la segunda, lo cual también es cierto. El problema está en determinar correctamente si una ley es o no injusta, y la amenaza consiste en que sea AMLO quien lo determine, AMLO que debe decidir en función de lo que es legal, no de lo él crea que es justo.
Supongamos que determino que las leyes tributarias son injustas y que, inclinándome a favor de la justicia, no de la ley, decido no pagar impuestos. El Servicio de Administración Tributaria, ¿respetaría mi decisión? AMLO, ¿qué diría al respecto?
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