PESOS Y CONTRAPESOS
A raíz de la creación de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), y suponiendo que esa zona, sobre todo en materia económica, sea más libre que el resto del país, debemos preguntarnos, dado que la libertad es necesaria, ¿por qué no trascender de la ZLFN a la Zona Libre de la República Mexicana?
¿Cómo estamos en México en materia de libertad económica? Una buena respuesta la encontramos en el Índice de Libertad Humana (ILH) del Instituto Cato, que se divide en dos: el Índice de Libertad Personal (ILP) y el Índice de Libertad Económica (ILE). En el ILH 2018, con información actualizada al 2016 (dentro de poco se publicará el ILH 2018, con la información actualizada al 2017), estos son los resultados generales para México. En materia de libertad personal ocupamos la posición 89 con una calificación de 6.80 (6.99 en 2014 y 6.91 en 2015), y en lo que a la libertad económica respecta ocupamos el lugar 82 con la calificación de 6.90 (6.85 en 2014 y 6.88 en 2015). El ILH se calcula a partir de 79 indicadores distintos, relacionados con la libertad personal y la libertad económica.
Para calcular el ILE se consideraron 24 indicadores reunidos en cinco grupos distintos: tamaño de gobierno; sistema legal y respeto a los derechos de propiedad; dinero sano, que preserva su poder adquisitivo; libertad para comerciar internacionalmente; regulación.
Estas son las calificaciones en cada uno de los grupos: tamaño de gobierno, 7.9; sistema legal y respeto a los derechos de propiedad, 4.1; dinero sano, que preserva su poder adquisitivo, 8.1; libertad para comerciar internacionalmente, 7.3; regulación, 7.1.
Ninguna de las calificaciones es para presumir, y hay una que debe preocuparnos seriamente: la relacionada con el tema de la eficacia y la honestidad del sistema legal, y por lo tanto relacionada con el respeto a los derechos de propiedad, propiedad privada que es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, misma que la persona siempre se ejerce sobre algún tipo de propiedad: sus ideas, sus palabras, sus acciones, sus bienes, su dinero, por citar los principales tipos de propiedad.
¿Y de quién es la responsabilidad por la eficacia y la honestidad del sistema legal, eficacia que, dicho se a de paso, en el caso de cualquier funcionario público depende de manera importante de su honestidad? ¿Y quién debe hacer respetar, ¡respetándolos!, los derechos de las personas, comenzando por el derecho a la propiedad privada, que es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga?
¿Cuánto le falta hacer al gobierno mexicano para, más allá de incitativas como la de la ZLFN, reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad económica de los mexicanos? Mucho, como veremos en próximas entregas.
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