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| Ricardo Homs |
Lo más significativo de estas elecciones es que en varios estados donde hubo alternancia, un factor decisivo del voto fue el hartazgo ciudadano frente a la corrupción.
El sufragio otorgado en estas circunstancias tiene doble significado: voto de castigo para el gobernante en turno y su partido y voto de confianza para el gobernante que llega.
Sin embargo, este voto de confianza no es incondicional y está sustentado en la expectativa del cumplimiento de las promesas de campaña.
Si lo más significativo fue el voto de castigo, la ciudadanía espera que los nuevos gobernantes finquen responsabilidades jurídicas y judiciales a sus antecesores, quienes abusaron del cargo para enriquecerse. Si esto no sucede, los nuevos funcionarios correrán el riesgo de perder credibilidad en no más de seis meses a partir del acto de toma de posesión del cargo. Este periodo es el tiempo de la luna de miel entre el gobernante y la ciudadanía. Después de eso, el reconocimiento y la confianza dependerán de resultados en el ejercicio de gobernar.
Sin embargo, este acto de justicia, que es castigar a los corruptos, sólo será el punto de partida, pues lo que la ciudadanía espera es una administración transparente y que no se repita la corrupción.
A partir de estas elecciones, los partidos políticos debiesen sacar conclusiones: los gobernantes que con una gestión inmoral contaminen la imagen del partido que los postuló, también debiesen ser enjuiciados públicamente por este organismo político, por dañar su reputación y la relación con el ciudadano. Un gobernante corrupto genera un fuego amigo que puede convertirse en vendaval que lastime irremediablemente a su partido.
Los partidos aún no han entendido que su capital más importante es su reputación pública, pues de ella depende su credibilidad y la fortaleza para competir electoralmente. No pueden darse el lujo de permitir que un militante la dañe. Por tanto, entre más importante sea el cargo, mayor su responsabilidad y mayor el daño que puede causar.
Por tanto, los gobernadores deben tener una supervisión constante del CEN de su partido para evitar prácticas que dañen su reputación.
Cada partido político es una marca que da identidad política y electoral para su militancia y genera aceptación o rechazo, que se refleja en el resultado electoral.
Sin embargo, la autocrítica sincera ha sido un ejercicio inexistente en la política mexicana. La clase política no ha percibido aún que el contexto ha cambiado y quien tiene el poder es el ciudadano aunque lo ejerza sólo electoralmente.
Después de la sorpresa debe haber un análisis profundo, reflexión partidista y crear nuevas reglas para la selección de candidatos, así como un procedimiento para exigir resultados a sus propios militantes en la función gubernamental.
Si el PRI no hace una buena reflexión y un ejercicio de autocrítica, fincando responsabilidades a quienes en su nombre gobernaron y dañaron la imagen del partido, este partido llegará al 2018 en posición francamente vulnerable.
E-mail: ricardo.homs@usa.net
