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| Josué Segura |
Hace unos días en el transporte público, me tocó la fortuna de escuchar un comentario, la “Privatización del agua”, las personas que abordaron ese tema alegaban que ya se estaba haciendo, por tarifas caras y supuestos contratos que ni ellos mismos podían explicar.
Me es muy curioso retomar ese tema ya que fue muy sonado hace un par de años, refiriéndose al proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas, que buscó dar base sólida a una reforma del 2012 en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que cabe destacar por NINGÚN lado, en esa “nueva ley”, mencionaba “privatizar el líquido”, pues para hacer tal acción habría que reformar la misma constitución, pero para nada tocó el artículo 27 constitucional ni la Ley General de Bienes Nacionales.
En fin, el problema lo gestó en ese entonces “la izquierda”, afirmando que esta iniciativa pretendía “privatizar el líquido”, por la concesión de estos servicios a empresas privadas en la extracción, traslado, purificación, distribución, drenaje y tratamiento del agua. Pero como ya no es noticia, siempre ellos preferirían que todos los servicios fueran controlados por monopolios gubernamentales, ya saben papá gobierno proveyéndonos de malos servicios, aunque esto generaría, no sólo la creación de grandes monstruos burocráticos, sino el surgimiento de más sindicatos poderosos con servicios deficientes, claros ejemplos los tenemos en la CNTE o la CETEG.
Creo que no hemos entendido la gran importancia del agua, ya que de lo contrario, tendríamos bien entendido que no se debe entregar la administración a los políticos, ya que estos generarían el monopolio bajo criterios populistas.
Pero bueno ¿Qué propone dicha ley?
- Garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico,
- Generar mejor servicio (es más factible contar con un sistema de empresas especializadas a crear nuevos monopolios gubernamentales),
- Dar pie a la libre competencia, licitando mejores precios y servicios,
- Así también regulará las aguas nacionales y se seguirá conservando la propiedad de las aguas para la Nación, como el petróleo, bienes inalienables.
Tenemos que entender y empezar a asimilar que si queremos más y mejor agua solamente hay un camino, su privatización y algo ¡Muy importante! Que el cobro de su precio cubra el costo real de tratar, producir, entubar, transportar y distribuir el agua. Porque el monopolio público sólo genera insuficiencia, escases y mal servicio (en este caso del agua), la incompetencia del gobierno es tan grande que sus errores dan lugar a nefastas consecuencias.
Es totalmente falso pensar que la privatización del agua impondría precios altos para los más pobres. Muchos de ellos ya pagan un precio muy superior al que desembolsarían en un mercado donde se establecieran derechos de propiedad.
Para mayor entendimiento de dicha iniciativa, no estaría de más que se pudiera leer el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales.
“Josué Segura, miembro fundador de México Libertario, estudiante de Derecho en la UNAM, colaborador en publicaciones, crítico político liberal.”
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