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| Ricardo Homs |
El motín en la cárcel de Topo Chico Nuevo León, -con un saldo de 49 internos muertos según el procurador de justicia de Nuevo León, -, pone en evidencia un problema del cual podemos culpar total y absolutamente a todas las autoridades que a largo de todo el país tienen responsabilidad directa o indirecta con reclusorios, en los tres niveles de gobierno, pues o han cerrado los ojos con desidia y desinterés, o tienen en este sistema un gran negocio.
Éste no es un problema exclusivo del reclusorio de Topo Chico, sino de todo el país. Además, no es un problema de hoy, sino añejo, de tantos años que ves difícil cuantificar si es posterior a la Revolución Mexicana o viene arrastrándose desde el porfiriato.
Desde el momento mismo en que se permitió el autogobierno, -que representa ceder el control absoluto de las cárceles a los reclusos-, empezó el problema. Lo grave es que no haya existido el mínimo intento de recuperar la gobernabilidad de esos centros de reclusión, desde donde hoy salen llamadas para extorsionar a la población de todo el país, se planean secuestros y se capacita a los delincuentes. Todo esto es posible porque los reclusos pagan a las autoridades carcelarias por poder ingresar teléfonos celulares en sus celdas, -lo cual está prohibido-, introducir armas, droga y hasta prostitución.
El problema real es que esto puede volver a suceder en cualquiera de las otras cárceles del país, -tanto federales-, como las que están a cargo de los gobiernos estatales.
Ante una población cercana a los 250,000 reos, pues según el censo de población del INEGI en 2013, sumaban 213,682 reos, a los cuales se alimenta, cuida y debiesen estar desarmados dentro de las cárceles. Lo único que se puede pensar es que si no hay control, orden y disciplina, es porque ninguna autoridad quiere que esto exista, porque el negocio es muy grande.
Además, es sabido que hay graves violaciones de derechos humanos básicos y muchos de los reclusos son inocentes, ante la indiferencia de los jueces que les dictaron sentencia sin siquiera revisar su caso, dejando en manos de los secretarios del juzgado la toma de decisiones.
Se ha querido centrar la atención de la grave problemática carcelaria en la sobrepoblación, ocultando otros factores aún más graves, como la corrupción, violaciones a los derechos humanos y la falta de autoridad, que se da porque se ha cedido a los internos el control de la disciplina y en general, el control absoluto.
La venta de protección dentro de las cárceles es un macabro contrasentido, pues esa debiese ser la responsabilidad del director del reclusorio a través de los celadores.
Las cárceles se han convertido en un detonador de resentimiento y su impacto debe estar llegando a la sociedad a través de las familias de los internos, quienes terminan buscando los recursos económicos para que su familiar satisfaga la presión de los chantajes de otros internos y de toda la infraestructura administrativa corrupta.
Se han fincado responsabilidades judiciales a funcionarios públicos responsables del penal del cual se había fugado el Chapo Guzmán y ya anunció el Procurador de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores la detención de tres funcionarios a cargo del Penal de Topo Chico.
Sin embargo, siguiendo el sistema tradicional en México, se castiga a unos cuantos funcionarios lo cual sirve de distracción pública y para dar el mensaje de que se quiere resolver el problema. Sin embargo, se deja intacta la infraestructura del sistema de reclusorios y el sistema permanece igual, bajo el sistema de autogobierno, o sea controlado por los mismos reclusos, lo cual permite seguir operando todo el sistema corrupto de complicidades.
Si no hay un cambio radical en el sistema penitenciario con toda seguridad seguiremos enterándonos de fugas de reos, motines violentos y las cárceles continuarán operando como centros de extorsión y capacitación de delincuentes, mientras los funcionarios siguen obteniendo millonarias ganancias.
E-mail: ricardo.homs@usa.net
